miércoles, 22 de enero de 2014

¿Los centros sanitarios privados con los que conciertan con las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales la prestación de asistencia sanitaria a los trabajadores son responsables o encargados de tratamiento?

Respuesta del gabinete Jurídico de la AGPD

Gabinete Jurídico                                                                                                      Informe 0360/2013

La consulta plantea si los centros sanitarios privados con los que conciertan las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales la prestación de asistencia sanitaria a los trabajadores de las empresas que hubieran elegido a dichas Mutuas para la cobertura de la contingencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional, asumen la condición de responsables o encargados del tratamiento de los datos de salud de los trabajadores que acudan a ellos para recibir dicha asistencia sanitaria, en relación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, dé Protección de Datos de Carácter Personal, y a su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
Respecto delas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social  son, según resulta del artículo 68 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuyo objeto principal es colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
Los empresarios que formalicen la protección del personal a su servicio frente a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional, pueden optar entre hacerlo en la entidad gestora correspondiente de la Seguridad Social o asociándose a una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades de la Seguridad Social.
 Por otro lado, la mencionada Ley General de la Seguridad Social regula la obligatoria afiliación a la misma de los “Trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en las condiciones establecidas por el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores en las distintas ramas de la actividad económica asimilados a ellos, bien sean eventuales, de temporada o fijos, aun de trabajo discontinuo, e incluidos los trabajadores a distancia, y con independencia, en todos los casos, del grupo profesional del trabajador, de la forma y cuantía dela remuneración que perciba y de la naturaleza común o especial de su relación laboral.” (Artículo  7.1.a) en la redacción dada por la disposición final quinta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral). 
El artículo 99 de dicha norma establece la obligación de los empresarios de afiliación de sus trabajadores y  establecer bien la protección de los mismos a través de una entidad gestora o de una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, como establece el apartado primero de dicha norma al indicar: “Los empresarios, como requisito previo e indispensable a la iniciación de sus actividades, solicitarán   su inscripción en el Régimen General de la Seguridad Social ,haciendo constar la entidad gestora o, en su caso, la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social que haya de asumir la protección por estas contingencias  del personal a su servicio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70”. De dichos preceptos legales deriva la obligación legal, de comunicar por parte de los empresarios los datos de sus trabajadores a las indicadas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, cuando se haya optado por estas como medio de protección de tales contingencias. Como tal, la naturaleza en cuanto dichos datos cedidos por Ley a la Mutua correspondiente tiene mejor encaje en el concepto de responsable del tratamiento conforme a la definición de la Ley, "Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento" (artículo 3.d).).
 Por su parte, es encargado del tratamiento, según el artículo 3 g) "La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento".
En consecuencia cuando la empresa contrate con una Mutua la protección de las contingencias profesionales de los trabajadores o la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes,   la   Mutua   correspondiente   será   considerada   responsable   del tratamiento de datos que realizan de acuerdo con las funciones que tiene legalmente atribuidas, y no como un mero tratamiento por cuanta de terceros. En este sentido, el artículo 12. 1 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social establece que: “Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social podrán establecer instalaciones y servicios sanitarios y recuperadores   para   la   prestación   de   la   asistencia   debida   y   la   plena recuperación  de  los   trabajadores  accidentados   en   el  trabajo   o  enfermos profesionales. “Por su parte, el artículo 1.1 del Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, relativo a las prestaciones sanitarias y recuperadoras de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, señala que, “Las prestaciones sanitarias y recuperadoras de la Seguridad Social derivadas de contingencias profesionales, encomendadas a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como la asistencia   sanitaria   correspondiente   a   contingencias   comunes   que   sea legalmente autorizada o que pueda realizarse y facturarse de conformidad con la normativa aplicable, se podrán hacer efectivas por aquéllas mediante alguna o algunas de las siguientes modalidades: a) A través de los recursos sanitarios y recuperadores gestionados por las mutuas, incluidos los de las entidades y centros mancomunados. b) Por medio de convenios con las Administraciones públicas sanitarias o mediante conciertos con medios privados. “En el supuesto de Prestación de servicios sanitarios y recuperadores con medios privados, el artículo 11 del citado Real Decreto 1630/2011 establece que “....Tales conciertos, que deberán ajustarse a lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, no podrán suponer la sustitución de la función colaboradora atribuida a las mutuas, en cuyo nombre se prestará la asistencia, ni excluir la posibilidad de que tales conciertos se extiendan a otras mutuas. “El concierto para la prestación de la asistencia sanitaria en tanto contrato de prestación de servicios públicos,  viene determinado lo dispuesto en el artículo 8.1 del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público estableciendo lo siguiente, “El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud una Administración Pública o una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la Administración o Mutua encomendante.
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales sólo podrán realizar este tipo de contrato respecto a la gestión de la prestación de asistencia sanitaria. “A su vez, dispone el artículo 275.1 de la misma norma que “La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los servicios de   su   competencia,   siempre   que   sean   susceptibles   de   explotación   por particulares. 
 En   ningún   caso   podrán   prestarse   por   gestión   indirecta   los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos”, regulando el artículo 277 sus modalidades de contratación de concesión, gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta. Por su parte, la disposición adicional vigésimo sexta del Real Decreto Legislativo 3/2011, dispone en el primer párrafo de su apartado 2 que “Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento”.
 Lo dispuesto en el mencionado precepto no implica necesariamente que en la totalidad de los supuestos en los que como consecuencia de la celebración de un contrato sujeto al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público la entidad adjudicataria acceda a datos de carácter personal delos administrados, su condición será la de encargado del tratamiento, sino que tal situación se dará en los supuestos en los que la condición de responsable, es decir dotada del poder de decisión sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, sólo pueda predicarse de la Administración o Mutua contratante, debiendo tenerse en cuenta si el tratamiento de datos que comporta el concierto, viene determinado por otras normas específicas de aplicación a dichos datos de carácter personal.
Tal es el caso del tratamiento de los datos de salud, donde la norma de carácter especial, esto es, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica viene a establecer un régimen específico para el tratamiento y cesión de los datos de salud contenidos en las historias clínicas respecto del contemplado en la Ley 15/1999,  que comporta una serie de obligaciones en cuanto al acceso, uso y conservación de las historias clínicas que deberán cumplir los centros o profesionales que atiendan a los trabajadores que a ellos acudan a recibir asistencia sanitaria, que no pueden ser desconocidas por aquéllos.
 De manera que tales obligaciones no pueden ser modificadas o contradichas por las instrucciones que pudiera dar el responsable del tratamiento, lo que impide considerar que, en caso de tratamiento y cesión de datos de salud de los trabajadores que pudieran suministrar las Mutuas en virtud de dichos Conciertos a los centros sea un encargo de tratamiento. Cualquier cesión de datos de salud, de los que son titulares los propios trabajadores cubiertos por la Mutua y no ésta, que será responsable de su tratamiento, requerirá que una Ley lo habilite o el consentimiento expreso  de dichos trabajadores atendiendo a lo señalado por el art. 7.3 de la Ley 15/1999, salvo en las cesiones necesarias para solucionar una urgencia a que se refiere el artículo 11.2 f). de la misma Ley, que no se precisará tal consentimiento. Por otra parte, los datos de salud de los trabajadores de empresas asociadas a la Mutua que suscriba el Concierto serán recabados directamente de los afectados por el centro o profesional médico desde el momento en que aquellos acudan a sus dependencias a recibir asistencia sanitaria, e irán integrando la historia clínica del proceso asistencial, de manera que los datos de salud los obtendrá directamente el centro concertado o profesional médico individual, sin necesidad de una previa comunicación de la Mutua, estando legitimados para el tratamiento de dichos datos en virtud de lo señalado por el artículo 7.6 de la Ley Orgánica ya citado, y no por el Concierto suscrito al amparo de los señalado en el art. 8.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En definitiva, podemos concluir que, si bien el contrato de prestación de servicios   que   ha   de   suscribir   la   Mutua   de   Accidentes   de   Trabajo   y Enfermedades Profesionales con los centros sanitarios privados para la prestación de la asistencia sanitaria a los trabajadores es el referido en el artículo 8.1 en relación con el artículo 275.1 del  Real Decreto Legislativo 3/2011, y que su disposición adicional vigésimo sexta atribuye al contratista que accede a datos de carácter personal de cuyo tratamiento es responsable la entidad contratante, la condición de encargado del tratamiento, es preciso tener en cuenta que, tratándose de datos de salud contenidos en historias clínicas, por imperativo de la Ley 41/2002,  de 14 de noviembre, el contratista no podrá tener la condición de encargado del tratamiento.

Por tanto, el contrato que formalice la consultante para estos conciertos de asistencia sanitaria con medios privados, debería adaptar las cláusulas en este concreto supuesto, observando las obligaciones que impone la Ley.  

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