jueves, 29 de noviembre de 2012

«Adecuación a la LSSI - VII: infracciones y sanciones»


«Adecuación a la LSSI - VII: infracciones y sanciones»

28/11/2012
Todo prestador de servicios de la Sociedad de la Información, incluso los de intermediación, está sujeto a la LSSI que establece responsabilidades, deberes, infracciones y multas. Su aplicación depende de donde esté establecido el prestador.

INTRODUCCIÓN

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información o LSSI define el Régimen de responsabilidad, infracciones y sanciones que aplican a los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información. En general los prestadores estarán sujetos también, según el ordenamiento jurídico, a la responsabilidad civil, penal y administrativa que en cada caso corresponda.
La LSSI determina el marco de responsabilidad para los prestadores de servicios en general. También establece casos particulares y deberes de colaboración y retención de datos para los proveedores de servicios de intermediación, es decir:
  • operadores de redes y proveedores de acceso
  • prestadores de servicios que realizan copia temporal de los datos solicitados por los usuarios
  • prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos
  • prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda

RESPONSABLES

La Ley aplica:
  • completamente a los prestadores establecidos o con un establecimiento permanente situado en España
  • a los prestadores establecidos en otro estado miembro de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE) cuando el destinatario radique en España y los servicios afecten a determinadas materias (derechos de propiedad intelectual o industrial, licitud de comunicaciones comerciales no solicitadas, etc.); si no afectan a estas materias sólo aplican las restricciones de prestación de servicios que puedan atentar contra orden público, investigación penal, defensa nacional, salud pública, respeto a la dignidad y no discriminación, protección juventud e infancia, etc.
  • a los prestadores establecidos en un estado no perteneciente a la UE o al EEE aplica exclusivamente en lo relativo a las restricciones (según el punto anterior), y si dirigen sus servicios específicamente al territorio español las obligaciones previstas en la Ley, siempre que éstas no contravengan los tratados o convenios internacionales
Están expresamente excluidos, es decir, no aplica esta Ley a:
  • notarios, registradores de la propiedad y mercantiles en el ejercicio de sus funciones públicas
  • abogados y procuradores en el ejercicio de sus funciones de representación y defensa en juicio

INFRACCIONES Y SANCIONES

Las infracciones se califican en: leves, graves y muy graves; y prescriben respectivamente a los 6 meses, 2 años y 3 años. La cuantía de las multas impuestas se graduará según la intencionalidad, duración de la infracción, reincidencia, perjuicios causados, beneficios obtenidos o volumen de facturación afectado.
Son infracciones leves, sancionadas con multa de hasta 30.000 €:
  • no comunicar al registro público el nombre de dominio o dirección de Internet en la que prestan servicios
  • no informar al destinatario de los datos de inscripción de su actividad en el registro, el estado de su autorización administrativa (si estuviera sujeta a ella por su actividad), su NIF o los códigos de conducta a los que está adherido y cómo consultarlos
  • no identificarse en las comunicaciones comerciales que realice, no marcarlas como «publicidad» si así lo fueran o no dejar claros los términos de concursos y promociones
  • el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas cuando expresamente hayan solicitado que no se les envíe (siempre que no constituya infracción grave
  • en caso de contratación electrónica no informar debidamente al destinatario o no confirmarle la recepción de la aceptación del contrato una vez realizado, salvo que se haya pactado lo contrario
Son infracciones graves, sancionadas con multa de 30.001 hasta 150.000 €:
  • no disponer de forma permanente, fácil, directa y gratuita de acceso a información sobre: nombre o denominación social y dirección de correo electrónico; y sobre el precio del producto o servicio, si este es o no con impuestos, y sobre gastos de envío si procede
  • el envío masivo o reiterado de comunicaciones comerciales no autorizadas
  • en los contratos electrónicos, no poner a disposición del usuario las condiciones generales antes de iniciar la contratación, o no confirmarle de forma habitual la recepción de la aceptación del contrato una vez realizado (salvo que se haya pactado lo contrario)
Las infracciones muy graves son sancionadas con multa de 150.001 hasta 600.000 €. Si hubiera reiteración de dos o más infracciones de categoría muy grave (en un intervalo de 3 años) con la prohibición de actuación en España durante un máximo de 2 años. Son infracciones muy graves:
  • el incumplimiento de órdenes dictadas por un órgano administrativo relativas a las restricciones de prestación de servicios
  • el incumplimiento de la obligación de suspender los servicios de intermediación cuando un órgano administrativo lo ordene en virtud del deber de colaboración de los prestadores de estos servicios
  • el incumplimiento de la obligación de retener, por un periodo máximo de 12 meses, datos (localización, tráfico e identificación) generados durante la prestación de servicios de intermediación por los prestadores de estos servicios
  • la utilización de estos datos para fines distintos de los determinados por la Ley (utilización en el marco de una investigación criminal, salvaguarda de la seguridad pública o la defensa nacional poniéndolos a disposición de Jueces o Tribunales o Ministerio Fiscal y comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad)
La Ley también prevé medidas provisionales (suspensión temporal de actividades, cierre, precinto o incautación de archivos y soportes, advertencia pública,...) en el caso de infracciones graves o muy graves para evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción, y multas coercitivas al prestador (menores de 6.000 €) por cada día que transcurra sin cumplir estas medidas.
Además las resoluciones sancionadoras con carácter firme de infracciones graves y muy graves, pueden llevar aparejadas la publicación de la misma, a costa del sancionado, en el BOE o diario oficial correspondiente, en dos periódicos o en la portada de la página web del prestador.
Si las infracciones son cometidas por prestadores de servicios de Estados no miembros de la UE o el EEE se podrán tomar las medidas necesarias, a través de los prestadores de servicios de intermediación, para impedir el acceso desde España durante un tiempo máximo dos años.

¿QUIÉN SANCIONA?

En el caso de infracciones leves y graves corresponde imponer las sanciones al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
En caso de incumplimiento de la Ley calificado de muy grave corresponde la imposición de sanciones al Ministro de Ciencia y Tecnología. Pero si las infracciones son relativas al incumplimiento de órdenes dictadas por algún órgano administrativo, será este órgano administrativo el que imponga las sanciones.

visto en certinteco.es

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