miércoles, 18 de abril de 2012

Los ciudadanos no tendrán información que afecte a procesos judiciales, política económica o protección medioambiental


Los ciudadanos no podrán tener acceso a información o datos de las administraciones públicas que supongan un perjuicio para "la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, intereses económicos y comerciales, política económica y monetaria o protección del medio ambiente", entre otros.
Así lo establece el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el cual, a falta de que pase su tramitación en las Cortes Generales y sin especificar más, también limita el acceso a la información a todo aquello que afecte a "las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión".
El texto, publicado en la página web creada para que los ciudadanos puedan realizar aportaciones y sugerencias--www.leydetransparencia.gob.es--, establece también que las administraciones públicas dispondrán de un mes para facilitar la información que soliciten, si bien también remarca que en caso de que pase este plazo de tiempo sin contestación, la solicitud habrá quedado desestimada.
Según el documento, "la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente", plazo que "podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información así lo hagan necesario".
"Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada", se advierte en el artículo 17 del anteproyecto, titulado 'Resolución'.
Para pedir la información, los ciudadanos deberán hacer la correspondiente solicitud, que irá dirigida al "titular del órgano administrativo o entidad que posea la información" y tendrá que especificar la identidad del solicitante, la información que se solicita, una dirección de contacto, preferentemente electrónica, y los motivos por los que se demanda.

GRATUITO Y RECURRIBLE

El acceso a la información, que será gratuito y podrá ser recurrido por un tercero si la petición de acceso le afecta directamente, se realizará según conste en la solicitud del ciudadano, a excepción de que "no sea posible o exista una alternativa más económica".
Por otro lado, según el anteproyecto de ley, la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios cambia de nombre y pasa a denominarse Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios, ante la que podrán presentarse reclamaciones.
La agencia también dispondrá de un mes para dar respuesta a dicha reclamación. Transcurrido dicho plazo, el recurso se entenderá desestimado. Todas las resoluciones dictadas por la agencia serán comunicadas al Defensor del Pueblo.
publicado en noticiasterra.es
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